12 de noviembre 2012 – Las Palmas de Gran Canaria
El Ejecutivo canario, en colaboración con la Delegación del Gobierno, pondrán en marcha el próximo 19 de noviembre una campaña de control de la entrada de uva de procedencia exterior en las Islas, con la intención de dar respuesta a las demandas que viene planteando el sector vitivinícola del Archipiélago en este sentido. La entrada de este fruto en las Islas, pese a que es legal, está teniendo efectos negativos en este subsector.
Esta campaña, que tendrá una duración inicial de dos meses, responde a la necesidad de reforzar las actuaciones de control ante la introducción masiva de uva de vinificación foránea, cuyo empleo pese a ser ilegal en la elaboración de vinos acogidos a figuras de calidad-Denominación de Origen Protegida (DOP) e Indicación Geográfica Protegida (IGP), sí está autorizado en la producción de vino que no goza de estos distintivos.
Sin embargo, el problema se plantea cuando estos caldos elaborados con uva foránea, que como se indicó, no cuentan con dichos distintivos, se comercializan bajo determinadas denominaciones de venta o menciones como Vino de mi cosecha, Vino del país, y Vino de la casa, que no están reguladas y por lo tanto no éstas prohibidas.
Esto tiene diversos efectos negativos sobre la protección del consumidor de éste tipo de establecimientos- ya que se parte de la base de que éste desea consumir vinos del Archipiélago y cuando el caldo sin DOP ni IGP es comercializado bajo uno de esos nombres parece que es de las Islas cuando en realidad no es así – y puede generar también un problema agrícola indirecto de abandono de los viñedos – ya que la uva de procedencia exterior es más barata que la producida en Canarias y cuando se utiliza, en estos casos, preferentemente frente a la de viñedos canarios, puede desincentivar la actividad agrícola frente a la importación de uva.
Asimismo puede derivar en un posible problema de seguridad y calidad agroalimentaria ya que muchas de las bodegas que suministran a estos bares y tascas son pequeños establecimientos, en numerosas ocasiones de carácter familiar, que por su escasa dimensión y funcionamiento posiblemente muchos son clandestinos, en cuyo caso estarían escapando al control tanto del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria como de la Dirección General de Salud Pública.
Durante el encuentro se aclaró que no se está en contra de esta actividad tradicional, que genera una economía complementaria de las rentas familiares, pero si se defiende que cumplan con un mínimo de controles de calidad y seguridad alimentaria, que garantice una protección del consumidor al mismo tiempo que no suponga una competencia desleal al resto de operadores alimentarios.
En este sentido, las actuaciones de control solicitadas en la sesión a la Dirección General de Salud Pública pasan por comprobar en un número representativo de bodegas, que éstas están adecuadamente inscritas en el Registro General Sanitario de Alimentos y Establecimientos Alimentarios y cumplen las condiciones higiénico-sanitarias aplicables a este tipo de establecimientos, así como comprobar la trazabilidad de la uva, recabando en los establecimientos inspeccionados la documentación de la procedencia de la misma y del vino producido.
Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas – Gobierno de Canarias
